Pese
a no existir una Comisión de Vivienda en el Congreso parece que el nuevo
Gobierno va a tener una postura más valiente con los temas de la dación en pago
que el anterior Ejecutivo de Zapatereo. En este sentido el ministro de Economía
y Competitividad, Luis de Guindos, anunció ayer en el Congreso de los Diputados
un conjunto de medidas normativas para reducir el impacto de los desahucios en
los colectivos con riesgo de exclusión social, que se completaría con un Código
de Buenas Prácticas voluntario a adoptar por el sector financiero. Las
medidas se inscriben en marco de la política económica del Gobierno, que tiene
como una de las prioridades buscar la equidad social.
Las
medidas normativas comenzarán con la definición del colectivo incluido en el
umbral de exclusión social. En esta situación estarán las unidades familiares
con todos sus miembros en paro y cuya vivienda objeto de ejecución sea primera
y única residencia. En todo caso, se establecerán las cautelas necesarias
para evitar situaciones de abuso o fraude.
Se
promoverá también la mejora de los procedimientos de ejecución de garantías
hipotecarias, de modo que, si se llega a ese punto, el precio de la
vivienda sea lo más elevado posible. El ministro avanzó que se impulsará
un mercado nacional de ejecuciones hipotecarias ágil y transparente a través
del fomento de las ejecuciones extrajudiciales, la creación de una base de
datos informatizada de ejecuciones de ámbito nacional y la posibilidad de que
las subastas se realicen online. Estas medidas se elaborarán en colaboración
con el Ministerio de Justicia.
Las
reformas legales incorporan también la atenuación de los intereses moratorios,
donde hay un margen claro para la moderación, medida también destinada a las
personas situadas bajo el umbral de exclusión.
Luis
de Guindos explicó también el impulso a un Código de Buenas Prácticas en el que
se trabaja con las entidades financieras. Este Código será de adopción
voluntaria por parte de las entidades financieras, cuya adhesión se hará
pública. Irá destinado igualmente a las personas con riesgo de exclusión
social.
El
Código contendrá recomendaciones como la posibilidad de que, en caso de
ejecución, el pago del capital de la hipoteca sea proporcional al número de
cuotas abonadas o que, alternativamente, se reduzca el capital pendiente en la
misma proporción. Con ello se pretende corregir la situación actual en la que,
al principio de la vida de la hipoteca, se pagan más intereses que
capital. Los gastos y costas, en ocasiones muy elevados, también deberán
ser objeto de moderación.
La
segunda medida debe contemplar la asunción por la entidad de crédito de una
parte del riesgo en caso de insuficiencia de las garantías. Se trata de
establecer un mecanismo de co-participación que cubra por parte de la entidad
financiera de un determinado porcentaje, debido a la deficiencia de la tasación
o en la desvalorización que ha sufrido el inmueble.
Se
recoge también la posibilidad de permitir la dación en pago como medio
liberatorio de la deuda para los mismos casos de exclusión social. Habrá un
periodo de carencia para el desalojo de la vivienda que podría situarse en dos
años, prorrogable en determinadas circunstancias, en los que el deudor
satisfaría una renta a la entidad. El incentivo para la adopción del
Código de Buenas Prácticas por parte de las entidades financieras sería la
posibilidad de incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas en que
hubiesen incurrido.
En
definitiva, se trata de un conjunto de medidas, cuyo objetivo es paliar de
verdad la situación que viven tantas familias españolas en riesgo de desahucio,
lo que constituye otro ejemplo de la sensibilidad de este Gobierno con los más
desfavorecidos, y exigir un compromiso de solidaridad a los que más tienen.
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