Ayer,
después de cinco años de vacatio legis, entra en vigor la Ley 34/2006, de 30 de octubre,
sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador. A partir de ahora
los futuros licenciados o grados en Derecho que quieran obtener el título
profesional de abogado o procurador deberán superar un periodo de formación
especializada —que incluye la realización de prácticas externas— y la
correspondiente evaluación que introduce dicha norma.
