El
Parlamento Europeo ha aprobado por amplia mayoría en sesión plenaria el paquete
normativo que consta de un Reglamento y una Directiva para regular la actividad
de las agencias de calificación crediticia para reducir la dependencia de sus evaluaciones
por parte de los inversores, evitar conflictos e intereses y fomentar la
transparencia y la competencia.
Con
las nuevas normas, las agencias tendrán que explicar los factores que han
determinado sus calificaciones y no podrán realizar recomendaciones directas o
explícitas sobre las políticas de las entidades soberanas. Así mismo, tendrán
que anunciar cuándo calificarán deuda soberana y los inversores podrán
llevarlas a los tribunales por negligencia.
Las
entidades de crédito y las empresas de inversión, así como las aseguradoras y
las sociedades de gestión deberán poner en marcha procedimientos internos para
evaluar su propio crédito
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