El
Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de la
vivienda inicia su tramitación parlamentaria.
El
Proyecto tiene como objetivo fundamental el de flexibilizar el mercado del
alquiler para lograr la necesaria dinamización del mismo, por medio de la búsqueda
del necesario equilibrio entre las necesidades de vivienda en alquiler y las
garantías que deben ofrecerse a los arrendatarios para su puesta a disposición
del mercado arrendatario.
Tal
objetivo se busca mediante la modificación de un conjunto de preceptos de la Ley de Arrendamientos Urbanos,
que suponen la actuación sobre varios aspectos de la regulación.
Entre
estos aspectos figura el régimen jurídico aplicable, reforzando la libertad de
pactos y dando prioridad a la voluntad de las partes, dentro de los límites del
Título II de la Ley ,
y en la duración del arrendamiento, cuya prórroga obligatoria se reduce de
cinco años a tres y de tres a uno la duración de la prórroga tácita, con objeto
de dinamizar el mercado de alquiler y dotarlo de mayor flexibilidad. De esta
forma, arrendadores y arrendatarios podrán adaptarse con mayor facilidad a
eventuales cambios en sus circunstancias personales.
También
modifica los aspectos relacionados con la recuperación del inmueble por el
arrendador, para destinarlo a vivienda permanente en determinados supuestos,
que requiere que hubiera transcurrido al menos el primer año de duración del
contrato, sin necesidad de previsión expresa del mismo, dando la mayor
flexibilidad al arrendamiento.
Por
otra parte se prevé que el arrendatario pueda desistir del contrato en
cualquier momento, una vez que haya transcurrido al menos seis meses y lo
comuniquen al arrendador con una antelación mínima de un mes. Se reconoce la
posibilidad de que las partes puedan pactar una indemnización para el caso de desistimiento.
Esta
ley viene en un contesto en el que el
mercado inmobiliario español se caracteriza por una alta tasa de propiedad y un
débil mercado de alquiler. En España el porcentaje de población que habita en
una vivienda de alquiler se encuentra apenas en el 17 por ciento, frente a la
media de la Unión Europea
que está próxima al 30 por ciento.
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