La
Asamblea General de la FBE, que se celebró el pasado
sábado 1 de junio, califica de “totalmente desproporcionadas” unas tasas
establecidas con carácter generalizado para iniciar acciones judiciales y
plantear recursos. La institución que agrupa a más de 800.000 abogados europeos
considera que dicho tributo “supone una clara limitación al acceso a la Justicia haciendo
inviable la tutela judicial efectiva consagrada tanto en la Constitución española
como en los tratados internacionales”.
La FBE lamenta que la imposición de tasas judiciales ya
esté ocasionando “claros y reales perjuicios a los ciudadanos” que, ante su
elevada cuantía, están decidiendo desistir a iniciar acciones o no continuar
con las ya promovidas, renunciando con ello a legítimos derechos. También
solicita al Gobierno español que reconsidere dicha normativa, dejándola sin
efecto, en la medida que está suponiendo una vulneración de derechos
constitucionales de los ciudadanos.
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