Objeivo.-
Corregir la fragmentación del mercado español, por la excesiva proliferación y
disparidad de normas de distintos niveles competenciales, garantizándose la
efectiva libertad de circulación de bienes, servicios, e inversiones en el
territorio nacional.
Medidas.-
La Ley de Garantía
de Mercado persigue la mejora de la regulación administrativa y mercantil que
rige las actividades económicas, suprimiendo barreras a la circulación de
bienes y prestación de servicios en el territorio nacional. El objetivo es que cualquier
producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica pueda
ser ofrecido libremente en cualquier punto del territorio nacional, sin
necesidad de modificación o trámite adicional. Para ello la ley incluye medidas
orientadas a:
-
Extender y garantizar la eficiencia inmediata en todo el territorio nacional,
de autorizaciones, declaraciones responsables y comunicaciones en todas las
actividades posibles y en la circulación de productos.
-
Conciliar y simplificar la normativa legal y las disposiciones reglamentarias
aprobadas en los diferentes niveles de competencias.
-
Introducir mecanismos ágiles de cooperación entre las distintas Administraciones.
Según
los datos de la
Comisión Europea sobre el exceso de fragmentación de los
mercados, poder aprovechar plenamente las ventajas derivadas del ahorro de
costes y la generación de mayores beneficios como consecuencia de la
culminación de un mercado perfectamente integrado, en España podría suponer un
incremento potencial de la economía de cerca de 45.000 millones de euros, y en
el caso de la Unión
Europea alcanzaría un 4,5 por ciento adicional.
Este
ahorro sería fruto de la mejora en la calidad de la regulación, puesto que el
aumento de la misma en los últimos años en las Administraciones Públicas, la
dispersión normativa y la disparidad de criterios de regulación han generado
una gran inseguridad jurídica e importantes barreras que limitan seriamente la
eficiencia y el crecimiento empresarial.
Por
ello, las medidas integradas en la futura norma afectan a la mayoría de los
sectores (desde los de alimentación y bebidas a las telecomunicaciones y desde
la arquitectura hasta el renting de vehículos) y a la práctica totalidad de las
áreas de actividad empresarial, tales como la protección al consumidor, el
etiquetado, el medio ambiente, la seguridad industrial, las licencias de
compras o las licitaciones públicas, por citar algunos ejemplos.
Como
medida de impulso a la unidad de mercado el Gobierno está realizando la
evaluación de aquella normativa (estatal, municipal o autonómica) que entorpece
la unidad o supone una duplicidad de regulación. Para ello, se han delimitado
más de 20 áreas sectoriales de actividad y los ministerios responsables
identificarán y evaluarán cada normativa sectorial.
Economía
trasladará sus propuestas de racionalización normativa a las Conferencias
Sectoriales, para tratar de mejorar el régimen normativo actual y dotar de
mayor seguridad jurídica a los operadores.
Normativas
complementarias
Para
lograr que se acabe el exceso de regulación y las contradicciones entre
normativas autonómicas, que entorpecen la libre circulación de bienes y
servicios dentro del territorio nacional, la futura Ley establece que la
supervisión y el control correrán a cargo de la Administración
autónoma de origen y establecerá sistemas de “cooperación interadministrativa
para supervisar la unidad de mercado".
Esta
normativa es complementaria del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo
(actualmente en tramitación parlamentaria como proyecto de ley en la Comisión de Economía del
Congreso) que elimina todos los supuestos de autorización
o
licencia municipal previa, motivados en la protección del medio ambiente, de la
seguridad o de la salud públicas, ligados a establecimientos comerciales.
En
este paquete se incluyen también otras novedades normativas, como la Ley de medidas para mejorar la
cadena alimentaria, la Ley
General de Telecomunicaciones, la Ley del Agua o la de Costas.
Además,
el Gobierno tiene intención de aprobar una reforma, consensuada con las
comunidades autónomas, de la Ley
de Comercio para liberalizar aún más los horarios comerciales y ampliar hasta
la exageración el número de aperturas en domingos y festivos.
La
patronal CEOE, en su Inventario de las distorsiones de la unidad de mercado,
denunciaba que, dependiendo de la comunidad autónoma, el mismo etiquetado de un
producto alimenticio dé o no lugar a sanción, o que cada región interprete de
modo particular el concepto de venta a pérdida en el ámbito de la distribución
comercial, lo que produce sistemas distintos de competencia dependiendo del
lugar de actuación.
Además,
como ejemplo, el transporte de mercancías peligrosas está sometido a diferentes
horarios de circulación y tipos de vías autorizados en cada municipio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario