- La ley
supondrá un aumento del PIB del 0,15% anual los primeros diez años, 1.500
millones de euros al año
- Los operadores
necesitarán la licencia de una sola Comunidad Autónoma y podrán operar por
todo el territorio nacional
- El Consejo
para
- Todas las
Administraciones Públicas compartirán una única base de datos electrónica
para ejercer labores de control y supervisión
- Se establece
un procedimiento ágil de resolución de conflictos con la participación de
la futura CNMC
El
Consejo de Ministros, a propuesta de los
Ministerios de Economía y Competitividad y Hacienda y Administraciones
Públicas, ha dado hoy luz verde al Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, dirigido
a asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio
nacional. La ley está inspirada en el principio de licencia única y legislación
de origen, que ya funcionan en el Mercado Único Europeo. De esta forma,
cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa
autonómica podrá ser ofertado en todo el territorio nacional sin necesidad de
trámite adicional.
Una
vez se apruebe, los productores tendrán que pedir una sola licencia, en una
Comunidad Autónoma, y podrán comercializar sus productos en todo el país. Los
prestadores de servicios tendrán también que pedir una única licencia de
actividad y tendrán que atender, al igual que ocurre en Europa, a los
requisitos de destino para ejercer esa actividad.
El
establecimiento de este principio de licencia única elimina en la práctica el
coste de tener que someterse hasta a 17 regulaciones distintas para operar en
España.
Impacto
económico
El
departamento de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía y
Competitividad estima que la aprobación de esta ley va a suponer un aumento
total del PIB del 1,52% en un periodo de diez años. El aumento sería
aproximadamente del 0,15% PIB anual los primeros diez años, en torno a 1.500
millones de euros cada año.
La
sobreabundancia normativa supone un claro desincentivo a la inversión
extranjera, aumenta la inseguridad jurídica e impide a las empresas
beneficiarse de las economías de escala, lo que perjudica la competitividad de
nuestra economía y se traduce en destrucción de empleo.
La
ley atiende a una reclamación generalizada de los operadores económicos, de las
patronales empresariales y de los inversores, tanto nacionales como
extranjeros. Son numerosos los organismos que han destacado la necesidad de
introducir una mayor simplificación administrativa en España. El Consejo
Europeo, en sus Recomendaciones a España en el procedimiento del Semestre
Europeo, establecía la necesidad de “eliminar los múltiples obstáculos al
ejercicio de la actividad resultantes de la existencia de normas múltiples y
superpuestas establecidas por los distintos niveles de Gobierno”.
La
medida, que está incluida en el Plan Nacional de Reformas, permitirá a España
mejorar en los rankings internacionales de competitividad.
Cooperación
administrativa
Esta
ley está basada en la confianza y el reconocimiento mutuo y en la
responsabilidad de todas las administraciones. Se basa en la colaboración ex
ante y ex post para el control y la supervisión.
En
concreto se regulan mecanismos de cooperación entre Administraciones Públicas
para la elaboración de proyectos normativos con objeto de preservar la
coherencia de los mismos. Las memorias de impacto normativo de leyes nuevas de
todas las administraciones tendrán en consideración su impacto en la unidad de
mercado.
Se
establece un procedimiento de intercambio de información especial y abreviado
entre administraciones y entre autoridades de origen y destino para el
ejercicio de las funciones de supervisión. Asimismo, se establece la
integración de una base de datos común de los diferentes registros sectoriales
de AA.PP.
Las
conferencias sectoriales van a servir de instrumentos para impulsar la buena
regulación y solucionar problemas de unidad de mercado que afecten a
ciudadanos, empresarios y profesionales.
Además,
se crea el Consejo para la
Unidad de Mercado, un órgano de cooperación administrativa
para velar por el cumplimiento de la ley. El Consejo estará presidido por el
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y contará con la participación
de los consejeros del ramo de las Comunidades Autónomas. También formarán parte
del Consejo la Secretaría
de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa -que ocupará la Secretaría-, la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Subsecretaría de
Presidencia.
El
Consejo tendrá las funciones racionalizar la normativa e impulsar cambios para
la eliminación de obstáculos a la unidad de mercado. También hará seguimiento
de los mecanismos de cooperación y en particular velará por la efectiva
integración de los registros sectoriales. Coordinará igualmente la actividad
desarrollada por las conferencias sectoriales en materia de unidad de mercado. La Secretaría del Consejo,
entre otras funciones, elaborará un informe semestral de análisis y evaluación
de la situación regulatoria del mercado.
Solución
ágil y económica a conflictos
Este
Anteproyecto habilita por primera vez a los operadores a acudir a la futura
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en caso de que entiendan que actos o
sanciones de las Administraciones Públicas vulneran la unidad de mercado y por
tanto obstaculizan la libre circulación de sus productos o servicios.
Por
otro lado, para garantizar la igualdad de condiciones de las empresas y
profesionales en todo el territorio nacional, esta ley incluye el principio de
no discriminación. Esto evita, por ejemplo, que sea requisito necesario para dar
una autorización a una empresa que los empleados de una ésta hayan recibido
cursos de formación en esa CC.AA.
Es nota
de prensa del ministerio
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