El
pasado Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Cámaras de
Comercio que pretende dar continuidad al sistema cameral en España y reforzar
el papel de estos organismos en el proceso de internacionalización y el impulso
de la competitividad de las empresas españolas. ¿Servirá esta nueva normativa para impulsar la actividad de las Cámaras?
Las
principales novedades que desarrollarán las Cámaras en cuanto a su actividad
son el Plan Cameral de Internacionalización y un nuevo Plan Cameral de
Competitividad, que pondrá especial atención a los servicios orientados a las pymes.
Dentro
de las funciones que se pretenden potenciar está la prestación de servicios por
parte de las Cámaras en materia de comprobación material del cumplimiento de
los requisitos legales; funciones en materia de innovación y simplificación
administrativa en los procedimientos para el inicio y desarrollo de actividades
económicas y empresariales y de la implantación
de la economía digital en las empresas.
También
se pretende que las Cámaras ejerzan labores de mediación y arbitraje, para utilizar este tipo de resolución de
conflictos en el ámbito mercantil, cuya demanda es cada vez mayor y que,
además, revierte en una importante disminución de la carga de trabajo de los
jueces y tribunales.
Se
ha acordado también la creación de la Cámara de Comercio de España, que buscará abrir puertas a las
pymes en los mercados internacionales, reforzando el papel que tenía el ICEX hasta
este momento. Este nuevo organismo intentará mejorar sensiblemente el funcionamiento
y la coordinación de la presencia institucional comercial de España en el
exterior y establecer un vínculo permanente entre las Cámaras Oficiales de
España en el exterior.
En
cuanto a su financiación, la Ley no contempla la recuperación del recurso
cameral, la financiación de las Cámaras se basará en los ingresos que se
generen por los servicios que presten y por las aportaciones voluntarias de
empresas. Para ello las Cámaras podrán incentivar las contribuciones
voluntarias pudiendo dar, si así lo estiman conveniente, una mayor
representatividad a las empresas que hayan realizado contribuciones en sus
órganos de gobierno.
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