1.-
Transcurrido un año desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de Tasas se han confirmado
los peores augurios sobre su aplicación.
2.-La Ley ha privado a muchos miles
de ciudadanos de su fundamental y constitucional derecho a la tutela judicial
efectiva. Ha materializado una injusta barrera para el acceso a la justicia, y
una considerable brecha en el Estado de Derecho.
3.-
Nuestros jueces y magistrados han sido privados del conocimiento de cientos de
miles de injusticias y quejas del conjunto de los ciudadanos. El imprescindible
conocimiento de la realidad social ha sido hurtado a los juzgados y tribunales.
4.-
No se ha penalizado el mal uso y abuso de la Justicia. Las
empresas y los ciudadanos de holgada situación económica no han experimentado
ninguna privación de ejecución del derecho, ni del abuso del derecho. No se ha
dado solución a los problemas en la concesión a la justicia gratuita.
5.-
Se ha favorecido el abuso e impunidad de las Administraciones Públicas, exentas
del pago de las tasas.
6.-
El efecto disuasorio para los ciudadanos ha sido reconocido por jueces,
magistrados, abogados, secretarios judiciales, personal al servicio de la Administración de
Justicia, obligando al Ministerio de Justicia, al menos, a reconocer en su
comparecencia en el Congreso de los Diputados porcentajes muy significativos de
reducción de asuntos.
7.-
No se ha recaudado lo previsto con el establecimiento de las tasas. La
recaudación hasta septiembre ha sido de 103 millones de euros, muy lejos de los
306 millones previstos por el Ministerio para todo el año.
8.-
El Ministerio ha incumplido su compromiso de que el importe de las tasas se
destinaría a mejorar la asistencia jurídica gratuita. Se desconoce el destino
de la recaudación por las tasas. Ni siquiera figura en el presupuesto de 2014
del Ministerio de Justicia. Junto a ello debemos denunciar la pésima gestión
material de las tasas judiciales caracterizada durante este año por la
descoordinación entre el Ministerio de Justicia el de Hacienda, la falta de criterios
homogéneos y la inseguridad jurídica, acentuando el perjuicio para los
ciudadanos y profesionales.
9.-
El objetivo de la Ley
de Tasas era y es puramente recaudatorio y disuasorio para el acceso a la justicia
de los ciudadanos. El
resultado patente y más preocupante es la liquidación del derecho fundamental a
la tutela judicial efectiva.
10.-
La contestación social ha sido unánime inconstitucionalidad planteadas por
Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la
Audiencia Nacional , que considera que es un impedimento innecesario
e injustificado para obtener el derecho a la tutela judicial efectiva. El
Tribunal Constitucional debería agilizar su respuesta ante el grave daño que
están sufriendo los ciudadanos y la degradación del Estado de Derecho.
11.-
Reiteramos la más que
nunca deseada mejoría de la calidad de las leyes mediante la exigencia de
participación real y efectiva de profesionales representativos, jueces y
magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores de los
tribunales, sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios en la
elaboración de los borradores de anteproyectos de ley o normativa de desarrollo
legislativo.
12.-Solicitamos
que el Gobierno escuche la voz de todos los colectivos afectados, pues somos
los que mejor conocemos las disfunciones del sistema judicial y sus efectos
negativos en la ciudadanía, y valore el hecho sin precedentes de que todos los
actores reales de justicia continuamos unidos frente a las reformas y acciones
del Gobierno que afectan gravemente el Estado de Derecho y los derechos y
libertades fundamentales de los ciudadanos. El Gobierno debe atender lo que pasa en Europa,
especialmente en el caso de Francia, que han suprimido todo tipo de tasas
judiciales a partir del próximo enero de 2014, invocando como razón suprema “no
penalizar a los más vulnerables y restringir el acceso a la Justicia ”. España
sigue siendo diferente.
13.- La agilización de la
administración de justicia no puede fundamentarse en el establecimiento de
barreras económicas sino en transformación de la actual estructura obsoleta e
ineficaz, apostando por la implantación de nuevas formas de organización que
fomenten un servicio público accesible y eficaz, destinando las dotaciones y
medios adecuados para ello.
14.-
Mantenemos nuestra disposición a la negociación y al diálogo, y nuestro rechazo
a un modelo de Justicia impuesta y no negociada. Es de vital importancia, que
el Ejecutivo sea capaz de generar un amplio Pacto de Estado, en el que
participen todos los sectores implicados, con la finalidad de crear una nueva
Administración de Justicia de calidad. Y, sobre todo, que se profundice en los
principios que inspiraron la
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia , aprobada por
unanimidad de todos los partidos políticos del arco parlamentario en 2002.
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