De interés. Las comisiones de Asuntos Económicos y de Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo aprobaron ayer una solicitud para que se regule el establecimiento de un Registro comunitario en el que se inscriban los datos de los beneficiarios últimos de empresas, fundaciones y trusts (fideicomisos) que permita conocer a quién pertenece realmente cada empresa, dónde opera y qué impuestos está o no pagando

Este nuevo registro pasará a regularse en la Directiva contra el Blanqueo de Capitales, permitirá detectar casos de evasión y conocer los nombres y apellidos de las personas que con prácticas abusivas privan a la población de recursos con los que financiar servicios sociales de calidad.

La enmienda presentada aboga por que la necesidad de información precisa y actualizada sobre el titular real es un factor clave para la localización de los delincuentes, que, de otro modo, podrían ocultar su identidad tras una estructura empresarial. Por consiguiente, los Estados miembros deben velar por que las sociedades conserven información sobre su titularidad real, mantengan registros centrales y pongan esta información a disposición de las autoridades competentes, las entidades obligadas (bancos, asesores fiscales, gestores de fondos, notarios) y, en el caso de estas últimas, el público. Además, los trusts deberán declarar su condición a las entidades obligadas.

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