Para
hacer frente a todos estos desafíos originados por la economía sumergida,
Gestha propone, entre otras medidas, conocer la verdadera dimensión del fraude
a través de estudios oficiales realizados por entidades independientes, algo
que hasta ahora no encargó ningún gobierno. Estos estudios servirían para
llevar a cabo una lucha contra el fraude “realista”, poniendo el foco en las
actividades que sí pueden aflorar del mercado negro.
Además,
exigen una mayor y mejor coordinación entre la Agencia Estatal
Tributaria (AEAT) y las Haciendas autonómicas, creando una base de datos
fiscales única. Entre los cambios que debe afrontar el fisco también se
encuentra una mayor dotación de recursos y personal, ya que según los datos de la OCDE España cuenta con
un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de
Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo.
El
avance del fraude en España durante la crisis” se realizó en 2013 analizando
las variables que influyen directa e indirectamente en la economía sumergida,
como el paro, la evolución del sector inmobiliario, la renta per cápita, el
PIB, el consumo eléctrico, entre otros. Los resultado del estudio se han centrado
en el periodo que va de 2008 a 2012, aunque la muestra también hace una
retrospectiva que llega hasta el año 2000 para observar el comportamiento del
fraude antes de la crisis económica. De todos los métodos empleados
tradicionalmente para realizar este tipo de informe, el profesor de la Universitat Rovira
i Virgili, Jordi Sardà, ha empleado el MIMIC (Múltiples Indicadores, Múltiples
Causas) y también hace referencia a otros estudios recientes para mostrar un
contraste aún más realista de las conclusiones del informe.
No hay que olvidar que detrás de la existencia de un
determinado nivel de economía sumergida está lo que una sociedad quiere ser. Se
trata, básicamente, de un problema de moralidad. Cuando a una sociedad no le parecen
condenables ciertas actitudes relacionadas con la economía sumergida (por
ejemplo, no está mal visto no pagar el IVA o intentar defraudar a Hacienda) es
que esta sociedad está optando por una economía con un elevado índice de
economía sumergida y con todas las implicaciones que ello conlleva. Al contrario, cuando una sociedad percibe que este tipo de
actitudes y comportamientos perjudica a la colectividad y son condenables es
cuando el problema de la economía sumergida se minimiza.
Una primera definición
del concepto de economía sumergida podría ser el proporcionado por la OCDE 2.
Según la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, la economía sumergida consiste en actividades que son productivas
en sentido económico y relativamente legal (si ciertos estándares o regulaciones
se cumplen), pero que son escondidas deliberadamente a las Administraciones
Públicas, para:
a) Evitar el pago de
impuestos.
b) Evitar el pago de las
cotizaciones a la
Seguridad Social.
c) Evitar cumplir normas
laborales y de otro tipo; ciertos mínimos legales como el salario mínimo, el número
máximo de horas trabajadas, estándares de seguridad o de salud, etc.
d) Evitar algunos
procedimientos administrativos, como rellenar cuestionarios u otros formularios
administrativos.
Informe:
No hay comentarios:
Publicar un comentario