En
marzo de 2010, el Parlamento Europeo aprobó (por 445 votos a favor, 196 en
contra y 21 abstenciones) una resolución de Ley por la cual se pide eximir a
las microempresas de la obligación de preparar cuentas anuales. Además de pidió
una revisión general de la 4ª y 7ª directivas en materia mercantil, durante el
ejercicio 2010. Según nota del Parlamento europeo 7,2 millones de empresas están
sujetas a la emisión de información financiera de acuerdo con las directivas
contables. De ellas, unos 5,4 millones (aproximadamente el 75%) son
microempresas a nivel local o regional. El texto aprobado por el Parlamento
indica que dicha extensión no implica que las microempresas no mantengan un
registro contable de sus operaciones, al menos con un nivel mínimo de
exigencia.
La
iniciativa se enmarca dentro de un plan para simplificar la carga
administrativa de las empresas de la Unión
Europea potenciando su competitividad. De forma similar
ocurre en Estados Unidos, donde son las empresas cotizadas las que se ven
sometidas a requisitos de divulgación de información financiera que en la UE afectan a una gran mayoría
de empresas.
Un
estudio de impacto de la legislación mercantil llevado a cabo por la Comisión Europea
indica que el coste medio por empresa de cumplir con la exigencias de las
directivas contables es de 1.558 euros. De este importe, 1.168 euros responden
a cargas administrativas que no responden a una necesidad real para una buena
gestión de la empresa. Si se exime a las empresas de estas obligaciones el
ahorro total sería de 6.300 millones de euros.
Por
otro lado, y a colación de esta resolución de Ley, Iberinform y Crédito y Caución,
los pasados meses de junio y julio, han llevado a cabo, conjuntamente, un
primer estudio para conocer la opinión de los directivos españoles vinculados a
la gestión financiera.
A
estos efectos, señalar que una microempresa es aquella que cumple dos de las
siguientes tres condiciones:
-
tener menos de 10 empleados.
-
facturar menos de un millón de euros
-
contar con un balance inferior a los 500.000
Alrededor
del 75% de las 1.300.000 empresas españolas encajan en esta definición.
El
“trabajo de campo” se ha llevado a cabo a través de 497 entrevistas a
profesionales (Credit Management) en sus respectivas organizaciones.
Las
empresas españolas se muestran muy divididas acerca de beneficios o problemas
que plantea este Proyecto Legislativo. De cada 10 profesionales entrevistados,
cuatro apoyan y cuatro rechazan que las empresas con facturación inferior a 1
millón de euros estuviesen exentas de depositar sus cuentas en el Registro
Mercantil. La división entre
profesionales españoles reproduce el propio debate europeo. La propuesta, como
ya se ha apuntado, busca disminuir los recursos que las microempresas europeas
dedican a lo que consideran “procesos burocráticos”, que no les aportan valor,
para que puedan orientarlos hacia tareas vinculadas con su crecimiento. La mayoría de los profesionales españoles,
cuatro de cada diez, se muestra de acuerdo con que la medida ayudará, tal y
como persigue, a que las pequeñas y medianas empresas logren reducir sus costes
y cargas administrativas. El 23%, de
hecho se muestran muy de acuerdo con esta afirmación. No obstante resulta
relevante que tres de cada diez opine lo contrario, lo que solo se explica
desde el convencimiento de que las empresas no podrán eludir la necesidad de
dar información financiera sobre su actividad a proveedores y entidades
financieras para mantenerse en el mercado; y esto supone un coste.
Esa
misma es la opinión de algunos miembros de la Unión Europea que no han dado a
la medida la acogida esperada. Frente al impulso de Alemania o Gran Bretaña, países
como Francia, Italia o Bélgica han puesto sobre la mesa las mayores
dificultades de acceso al crédito, tanto financiero como comercial, y que deberán
afrontar las empresas que opten por no depositar sus cuentas anuales.
Sin
duda los profesionales españoles del Credit Management se muestran ampliamente
de acuerdo con que esta será una de las consecuencias claras de la medida. Seis
de cada diez creen que la medida dificultará el acceso de las pequeñas y
medianas empresas a obtener financiación frente a uno de cada diez que opina lo
contrario.
En
caso de que esta medida se lleve a delante, se estima que, solo una de cada
diez empresas, el 8,5%, no incrementarán el uso de herramientas para compensar
la falta de información financiera acerca de sus clientes. El 56,5% de los
profesionales consultados, según el informe de Iberinform y de Crédito y Caución,
utilizarían proveedores externos de información comercial o financiera para
formarse una opinión sobre la solvencia de sus clientes y un 55,8% solicitaría
las cuentas directamente. Por último, casi un 20% utilizaría otras herramientas
de Credit Management, como el seguro de crédito para gestionar la mayor
complejidad en la gestión de riesgos de impago que una medida de este tipo
generaría.
Seguro de crédito:
La
solvencia de una empresa no depende únicamente de la solidez financiera y de
una buena gestión, sino también de la perennidad y prosperidad de su cartera de
clientes. Dado que éste es un factor desconocido y, en todo caso, difícil de
valorar, es preciso tomar en cuenta ese riesgo que puede afectar incluso a los
clientes más antiguos y solventes. El seguro de crédito protege a las empresas frente al riesgo de impago.
Comprende el conjunto de riesgos que afectan a la Cuenta Clientes del Balance, a
los que las empresas de exponen vendiendo sus productos a crédito, tanto en
España como en el extranjero.
Cuando
los impagos son importantes, como en el momento actual, se impone contratar
servicios que garanticen una mejor prevención, gestión y control de riesgos
comerciales. El seguro de crédito aporta la información necesaria para la toma
de decisiones comerciales, garantiza el circulante de la empresa, cubre un
porcentaje significativo en caso de impago, y en exportación cubre los riesgos
políticos y extraordinarios catastróficos. Es una garantía de análisis
permanente de los clientes, y permite apostar por unos u otros según su
calidad.
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