El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud así como mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, con el que el Gobierno pretende ahorrar 7.000 millones de euros en la sanidad.

El decreto fija la nueva aportación del ciudadano -incluidos los pensionistas- en el pago de los fármacos.

Este "copago" será proporcional a la renta y se actualizará como máximo anualmente.

Así, los usuarios empezarán a pagar más por los medicamentos a partir del próximo 1 de julio y, además, tendrán que abonar parte de los productos ortoprotésicos y dietéticos, así como el transporte sanitario no urgente.

A los inmigrantes en situación irregular se les retirará la tarjeta sanitaria el 1 de septiembre y solo serán atendidos en urgencias, por enfermedad grave o accidente, y durante el embarazo, parto y postparto, aunque los menores de 18 años recibirán la misma asistencia médica que los españoles.

Los pensionistas pagarán con carácter general el 10% de los fármacos, con unos límites de entre 8 y 60 euros mensuales.

Los usuarios con un nivel de renta por encima de 18.000 euros pagarán el 50% del precio del medicamento, mientras que los que estén por debajo de esa cantidad seguirán abonando el 40% actual y aquellos con más de 100.000 euros pagarán el 60%.

La norma sienta las bases para establecer una cartera de servicios común para todas las comunidades autónomas, que serán gratuitos, mientras que se acordará una cartera suplementaria, sujeta a "copago"

 Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.