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El
Consejo de Ministros ha aprobado la eliminación de las licencias municipales
para la apertura de pequeños comercios con una superficie inferior a 300 metros
cuadrados, una iniciativa que el Gobierno no descarta aplicar a locales mayores
y a otro tipo de actividades.
Esta
iniciativa está pensada en un primer momento para establecimientos de menos de
300 metros cuadrados, si bien el Gobierno estará "muy pendiente" de
su funcionamiento para poder ampliarla a locales mayores y a otro tipo de
actividades de las previstas en el Real Decreto-Ley.
La
vicepresidenta ha destacado que se trata de una medida que busca cambiar la
cultura administrativa, liberalizar el comercio, simplificar los
procedimientos, agilizar los trámites y acabar con la burocracia, pero sobre
todo, según dijo, apoyar a todos los emprendedores que, en estos momentos de
crisis, deberían tener la "alfombra roja" de la Administración para
abrir y no dificultades para poder sacar adelante su negocio y sus puestos de
trabajo.
Actividades
afectadas
En
base a la clasificación nacional de actividades económicas, el ámbito de
aplicación de esta norma se extiende en el comercio minorista, entre otros, a
alimentación, frutería, carnicería, pollería, charcutería, pescadería,
panadería, pastelería, heladería, tiendas de caramelos, bodegas y autoservicios
de alimentación.
A
ellas se suman el textil confección y hogar, peletería, herbolario y
parafarmacia, perfumería, droguería, equipamiento del hogar, muebles, aparatos
electrónicos, ferretería, material de construcción y saneamiento, bricolaje,
venta de automóviles y accesorios, óptica, ortopedia, instrumentos musicales,
antigüedades, librería, papelería, juguetería, joyería y plantas.
En
la pequeña industria artesanal, están incluidas las actividades vinculadas al
calzado y textil, mientras que en las actividades de servicios se incluyen
agencias de viaje, actividades de promoción inmobiliaria, reparación de ropa y
zurcido, reparación de calzado, peluquerías, institutos de belleza y estética,
servicios de fotocopias y servicios de enmarcación.
Quedan
excluidas las actividades que tengan impacto justificado y proporcionado en el
patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes
de servicio público.
La
nueva normativa sustituye el procedimiento de solicitud de licencias
municipales a priori que obligaba a esperas de hasta 24 meses para iniciar la
actividad por un régimen de presentación de declaraciones responsables o
comunicaciones previas a la actividad, facilitando el inicio y desarrollo de
este tipo de negocios en particular y la actividad económica en general.
España
ocupa el puesto 133 en una lista de 183 países en función de los trámites que
es necesario cumplimentar para abrir un negocio según el estudio Doing
Bussiness 2012 que elabora el Banco Mundial. Las cifras aportadas por la OCDE ponen de manifiesto que
España es el segundo país de Europa donde más trámites es necesario
cumplimentar para crear una empresa.
"Estamos
en muy mala situación a la hora de dar oportunidades para abrir negocios",
ha señalado la vicepresidenta, que ha explicado la nueva situación con el
"caso práctico" de una zapatería.
Caso
práctico para abrir una zapatería
El
"periplo" hasta ahora, según ha detallado, contemplaba que el
promotor del negocio hacía determinadas obras y pedía las licencias, los
inspectores analizaban si se cumplían todas las ordenanzas, el comerciante
pagaba los impuestos y "una vez tramitado todo el expediente y cuando se
notificara, podría abrir".
"Ahora
no va a depender ese tiempo de la administración, decido abrir la zapatería, sé
que tengo que cumplir una serie de requisitos, voy con una declaración
responsable, pago mis impuestos y al día siguiente abro, que luego vendrán
inspectores para ver si se cumple", agregó, antes de subrayar que, de este
modo, el empresario no tiene que estar "pagando el alquiler y con zapatos
que se están pasando de moda esperando la licencia".
Se
trata de una medida de apoyo a un sector económico que aporta el 5% al Producto
Interior Bruto (PIB), emplea a 1,8 millones de trabajadores, con unos 600.000
locales y 435.000 empresas.
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