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Generar
mayor confianza en las empresas y consumidores desde la reducción de costes
forman parte de la iniciativa puesta en marcha por la Comisión Europea
en la búsqueda de un derecho contractual europeo. Con el fin de mantener un diálogo, abierto el
pasado mes de abril por la
Comisaria Viviane Reding, ha estado en nuestro país la
directora general de Justicia de la uE, Pashkevi Michou para explicar este
proyecto y conocer de mano de las autoridades españolas, así como empresarios,
consumidores y otros interlocutores su opinión sobre esta iniciativa :”Según
datos que manejamos, un 79% de las empresas españolas estaría dispuesta a
aplicar este derecho contractual europeo único en ventas transfronterizas a
consumidores”, explica en esta entrevista Michou- En la actualidad, solo el 6%
de los consumidores españoles hacen compras online, una cifra escasa en
relación a la de otros países que supera el 21 por cien
A
lo largo de esta entrevista, la Directora General de Justicia de la UE , desgrana este proyecto aún
en fase de desarrollo de crear un derecho contractual europeo. Desde su punto
de vista es una buena idea que el propio Ministro Gallardon apueste por la
unificación del Código Mercantil, lo que redundará en la seguridad jurídica
para empresas, así como por la mediación como método para resolver los
conflictos, “Habrá que ver el desarrollo de la implantación de la mediación en
los países miembros, aunque creemos que es uno de los mejores métodos para
resolver los conflictos”, subraya Michou
Esta
iniciativa de una normativa común de compraventa fue aprobada en octubre por la Comisión y desarrollada a
través de una Directiva. Además también cuenta con el visto bueno del
Parlamento Europeo quién hace poco más de un año se pronunció de forma
favorable hacia esta iniciativa. Para el consumidor puede suponer un mayor
ánimo a realizar compras transfronterizas al reconocerles una seria de
derechos, sobre todo en el terreno de las compras online. Además se ampliará el
mercado y habrá una mayor oferta de productos y servicios lo que hará que sea
más económica para el propio consumidor. Por último, esta nueva normativa
regulará mejor los temas de productos defectuoso, ahora escasa, de tal forma
que se podrá elegir entre la reparación, cambio, pagar un precio más bajo o
anular ese contrato.
Sobre
las empresas, las mejoras que redundarán en ellas por esta normativa común
europea de compraventa también son claras. Esta iniciativa eliminará costes
innecesarios y abrirá la oportunidad a las empresas de exportar a nuevos
mercados, necesidad importante viendo la contracción de la demanda interna de
los países. Es evidente que la exportación dentro de la propia UE será más
sencilla al tener un conjunto sólido y único de normas contractuales. Esta
normativa además respalda a las microempresas respecto de otras entidades que
quieran plantear cláusulas abusivas, ajenas a las buenas prácticas comerciales.
Ahora, por poner un ejemplo la legislación española no tiene nada sobre este
tema. En este sentido cualquier actividad comercial donde se detecte ventaja
injusta será suficiente para la anulación de este contrato con la nueva
normativa.
Sra Michou: Es evidente que en un momento de crisis como el
actual, la justicia debe funcionar mejor, ¿Qué opina de las medidas del
Ministro Gallardón de subida de tasas para racionalizar el uso de la justicia
en España?
No
estoy aquí para juzgar a nadie. Sobre todo mi presencia en España está para
marcar unas líneas de trabajo a nivel europeo.
Es
evidente que el papel de la
Justicia en estos momentos es clave. Desde la Comisión y el propio
Consejo de jefes de Estado se observa
que puede ser un elemento que contribuya al crecimiento económico. Un acceso
más trasparente a la justicia puede ser de gran ayuda tanto para empresas como
para ciudadanos.
Desde
Bruselas hemos desarrollado diferentes
iniciativas para lograr que la justicia tenga ese papel dinamizador que se
espera. En esta línea se encuentra la normativa común de compraventa para
Europa que impulsará las compras transfronterizas desde la protección de los
derechos de los consumidores, especialmente en compras online
Está claro que el reto
está en crear un gran mercado europeo común, en este sentido ¿como se ve la
iniciativa española desde Justicia de unificar los códigos mercantiles para
mejorar la seguridad jurídica?
Es
evidente que es una gran idea y que ayudará mucho al objetivo final que nos
hemos propuesto. He podido conocer tras la reunión mantenida con representantes
del Ministerio el alcance de esa reforma y el estado en el que se encuentra.
También
estoy informada de la trasposición de la directiva comunitaria sobre mediación
en asuntos civiles y mercantiles en España, de la que se espera que ayude de
alguna forma a desatascar los juzgados de su país y mejorar el estado de la justicia
¿Cuál es su opinión de la trasposición que se está haciendo de
esta Directiva de Mediación por parte de los Estados miembros?
Se
está ultimando en todos los países en estos meses. Creo recordar que España ha
sido de los países que lo ha hecho de forma más reciente. De todas formas, es
pronto para saber qué efectos va a tener y si realmente va a funcionar su
desarrollo.
Lo
importante ahora es saber qué vamos a hacer para despertar el conocimiento y el
interés por parte de empresas y ciudadano por la propia mediación. Desde luego que tenemos pensado hacer un
seguimiento en cada país miembro de la UE para ver su adaptación a cada estado
miembro.
Lo
que si me consta es que el propio Ministerio de Justicia español parece muy
comprometido al desarrollo y funcionamiento de la mediación y eso es de
agradecer.
Uno de los proyectos claves de su Dirección General tiene que ver
con crear un derecho contractual europeo, ¿Dónde está la clave para lograr este
objetivo tan ambicioso?
Estamos
ante un proyecto respaldado por una Directiva aprobada el año pasado en
octubre, a la que hay que añadir un dictamen favorable desde el Parlamento Europeo.
Creemos
que los efectos para la empresa como para el consumidor son indudables.
Generará
más confianza y ayudará a incrementar la compra
transfronteriza entre estados. Es
muy posible también que ayude a reducir costes para las empresas.
En
estos momentos nos interesa mucho las opiniones de todos los colectivos
afectados, académicos, autoridades y empresarios para ver cómo desarrollar esta
iniciativa en cada país estado miembro. No solo hay que proponer ideas sino
también tomar decisiones para lograr activar este gran mercado interior
europeo.
Por
ejemplo, en el caso español, solo el 6% de los consumidores españoles hacen
compras online en otros países, mientras que el 215 si las hace en su
país. Al final se puede advertir que por
los obstáculos legales que existen, hay ventas que no se hacen en el extranjero,
lo que afecta a 3 millones de consumidores europeos y a más de 140.000
españoles al año.
¿Qué ventajas puede suponer para las empresas el utilizar esta
normativa europea común?
Siempre
que desde la UE se
diseña alguna medida hay un estudio sólido sobre el impacto que pueda generar
esa medida. Así lo hacemos también desde esta Dirección General de
Justicia. Nuestras estimaciones señalan
que una empresa que utilice esta normativa de derecho contractual europeo podrá
ahorrarse en sus gestiones transfronterizas alrededor de 10.000 euros por país.
Es
evidente que habrá que diseñar un sistema informático común y que los propios
países deberán de alguna manera adaptar su legislación nacional a ese nuevo entorno europeo.
Pensamos
que el ahorro que una empresa puede hacer si utiliza este derecho contractual
europeo será importante: Al final se puede estar hablando de un ahorro de unos
6.000 millones de euros. También tenemos datos que el 79% de las empresas
españolas estarían dispuesta a aplicar este Derecho contractual europeo.
Esta
nueva normativa puede generar confianza entre los consumidores y aportar
economías de escala
Hace
unos días el PE hablaba de la figura del consumidor vulnerable, casi siempre
relacionado con el sector financiero, alimentario e infantil….
La
verdad que estos temas nos preocupan. Hace unos días adoptamos otra propuesta
en colaboración con la Dirección General de Consumo de crear una Agenda Europea
de Consumo, ahí también hablábamos de consumidores vulnerables y de los niveles
de protección necesarios que se deben activar.
En
este sentido trabajamos en una nueva legislación sobre productos digitales, de
cara sobre todo a que el consumidor final sepa qué puede comprar y qué tipo de
información debe requerir.
Sobre
la infancia, nos preocupa mucho el tema de los niños robados y tras la última
visita de la comisaria Reding a España se ha puesto en marcha un teléfono
europeo de contacto e información sobre estos temas.
Para finalizar, volvemos a hablar de la crisis, un informe de la ONU señala que la crisis
reduce ciertos derechos sociales de los ciudadanos.. ¿Esto es evitable?
Debe
existir un equilibrio entre derechos y obligaciones y más aún en el momento que
vivimos de crisis mundial. Es por ello
fundamental buscar ese equilibrio también en ese debate que se ha abierto el
debate entre medidas de austeridad y crecimiento. Al final se trata de
desarrollar diferentes políticas que compaginen ambos. La crisis que vivimos es
mundial, no solo europea y hay que buscas soluciones en ese sentido.
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