Las
pymes podrán, a partir de enero de 2014, aplicar el llamado criterio de caja en
el IVA, que permitirá abonar el impuesto en el momento de cobrar la factura y
no, como sucede ahora, cuando se emite. La elevada morosidad provoca que muchas
pymes deban ingresar a la
Agencia Tributaria un IVA que no han cobrado y que quizás
nunca lleguen a cobrar. Estas son las características que tendrá el nuevo
sistema de IVA que Hacienda incluye en la Ley de Emprendedores:
Voluntariedad
Las
pymes con una cifra de negocios inferior a dos millones y que no tributen por
el sistema de módulos podrán decidir voluntariamente si aplican el criterio de
devengo –el IVA se ingresa al emitir una factura– u optan por el nuevo criterio
de caja que permite pagar el impuesto al cobrar la factura. La decisión es
importante, ya que las empresas que se adhieran al nuevo sistema deberán
mantenerse en él durante un período determinado que puede alcanzar los dos
años. Es decir, si el cambio no resulta tan bueno como se esperaba, no habrá
posibilidad de rectificar en el corto plazo.
Criterio
de caja para proveedor y cliente
Un
aspecto importantísimo y que para Hacienda resulta innegociable. Actualmente,
en una operación entre dos empresas, la compañía que actúa como proveedor debe
pagar el IVA al emitir la factura con independencia del momento de cobro. Sin
embargo, la sociedad que recibe esa factura puede desgravarse el impuesto
aunque no lo haya pagado. El criterio de caja afecta a las dos partes de la
operación. Es decir, la empresa que vende un bien no deberá ingresar el IVA
hasta cobrar pero, y allí viene la parte menos positiva, la sociedad que compra
tampoco podrá deducirse el impuesto hasta que pague la deuda. Y ello será así
con independencia de que la sociedad que actúa como cliente haya optado por
mantenerse en el criterio tradicional de
devengo. Si no fuera así, se daría la circunstancia de que Hacienda
devolvería un IVA que no ha cobrado, algo que el Gobierno entiende que resulta in
asumible en un contexto como el actual y que, además, generaría problemas de
control del fraude.
Efecto
negativo para la gran empresa
Las
grandes empresas no podrán acogerse al nuevo sistema y ello generará ciertas
distorsiones en el mercado de difícil solución. La situación actual es muy
clara: cuando una compañía vende a otra empresa, debe ingresar el IVA al emitir
la factura y cuando compran, se deducen el impuesto con independencia de cuándo
se formalice el pago. ¿Y qué sucederá a partir de 2014 cuando una gran empresa
tenga relaciones comerciales con una pyme que haya optado por el criterio de
caja? Todo serán problemas. En primer lugar, no podrá reclamar la devolución
del IVA soportado hasta que pague la factura. Esto significa menos liquidez en
un momento de restricción del crédito. Además, las grandes empresas gestionan
el IVA de forma totalmente informatizada y operar con pymes que apliquen el
criterio de caja generará cierta complejidad contable. No resulta
descabellado pensar que las grandes compañías –que son las que utilizan mayores
plazos de pago– preferirán operar con pymes en régimen de devengo. Y muchos
pequeños empresarios probablemente preferirán renunciar a pagar el IVA en el
momento de cobrar la factura para no perder clientes.
Las
asociaciones de autónomos trasladaron a Hacienda su temor ante la posibilidad
de que las grandes empresas presionaran a los autónomos para que no aplicaran
el nuevo régimen. Los representantes del Gobierno se encogieron de hombros y
señalaron que “el mercado es el mercado”. Además, si una pyme opta por el
criterio de caja, deberá aplicarlo en todas las operaciones. No tendrá la
posibilidad de acogerse a uno u otro sistema en función de las preferencias de
su cliente.
Mayor
control fiscal
Otro
requisito innegociable para Hacienda. Las pymes que se acojan al criterio de
caja deberán asumir un mayor control fiscal por parte de la Agencia Tributaria.
A falta de concretar los requisitos, Hacienda planea obligar a autónomos y pequeñas empresas a
llevar un “libro registro” de los cobros del IVA. Ello supone un
significativo aumento del papeleo y de los costes de gestión para estas
compañías. De hecho, el temor a que el criterio de caja pueda provocar una
merma de los ingresos y un mayor fraude es uno de los motivos que ha provocado
el retraso en el cumplimiento de la promesa electoral del Gobierno.
Sin
régimen transitorio
El
Ejecutivo se planteó introducir la nueva medida de forma paulatina. La idea era
que las pymes que operaban con la Administración Pública
aplicaran primero el criterio de caja, que se ampliaría al resto de sociedades
con posterioridad. Ello tenía sentido, ya que las compras con el sector público
están, a priori, más controladas. Por otra parte, la Administración
actúa como un consumidor final, es decir, no puede deducirse el IVA y, por lo
tanto, no existe el problema para Hacienda de devolver una cuota impositiva que
no ha ingresado. Sin embargo, al final, el Ejecutivo ha decidido que el nuevo
criterio de caja entrará en vigor con carácter general al entender que la
aprobación de la promesa electoral se ha demorado más de lo previsto.
Hacienda
calculó que unos 2,4 millones de autónomos y pymes podrían beneficiarse del
nuevo criterio de caja. Sin embargo, los expertos fiscales apuntan que la
mayoría de las empresas optará por el modelo tradicional ante todos los
inconvenientes, especialmente aquellos ligados a las mayores obligaciones
formales. Cada sociedad deberá valorar los pros y contras. En principio, serán
las pymes que tengan como principales clientes al sector público quienes se
cambiarán al criterio de caja. Todo apunta a que la mayoría optará por quedarse
como está o esperará un tiempo para comprobar cómo funciona el nuevo sistema.
Las previsiones más optimistas indican que 500.000 de los 2,4 millones de pymes
y autonómos que tendrán la posibilidad de acogerse el criterio de caja
cambiarán de sistema. Otros expertos apuntan que la cifra difícilmente
sobrepasará las 100.000 compañías.
La
crisis económica ha reducido notablemente el número de contribuyentes del IVA,
un impuestos que recae sobre el consumidor final pero que son las empresas
quienes lo gestionan e ingresan en Hacienda. Los últimos datos de la Agencia Tributaria
indican que el número de declarantes no ha dejado de caer desde 2007 y se sitúa
en torno a los 3,2 millones. De éstos, 1,8 millones son “empresarios
personales”, es decir, autónomos. Por otra parte, existen 1,3 millones de
sociedades que declaran el IVA y solo 31.000 de estas tienen la consideración
de gran empresa. El resto son pymes. Los ingresos derivados del IVA alcanzaron
los 50.464 millones en 2012, un 2,3% más por el alza de tipos.
Fuente
Ministerio de Hacienda y el diario CincoDias.
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