Los
eurodiputados han respaldado las nuevas normas en una votación a mano alzada.
La directiva se aplicará a los contratos de crédito garantizados por una
hipoteca o por otra garantía comparable utilizada en un Estado miembro, así
como a los contratos cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre fincas o edificios. Las
nuevas reglas se adaptarán a los distintos mercados hipotecarios de los Estados
miembros, aunque la información al consumidor tendrá que presentarse en un
formato homogéneo en toda la UE.
El
pleno ha rubricado, en votación, una serie de enmiendas acordadas con los gobiernos nacionales que abarcan la práctica
totalidad de la normativa. Sin embargo, no se ha procedido al voto final
de la legislación, que queda pendiente de que Parlamento y Consejo acuerden
cómo supervisar la transposición de estas normas por los Estados miembros. Una
vez aprobadas las normas, los Estados miembros tendrían un plazo de dos años
para adaptarla a sus legislaciones nacionales.
"Esta
normativa sitúa a la UE en la vanguardia de la legislación hipotecaria mundial,
establece un marco robusto para un mercado más transparente y profesional,
seguro y competitivo, con un alto nivel de protección a los consumidores y de
inclusión financiera. (...) La primera respuesta en caso de problemas no puede
ser la ejecución hipotecaria. Los
recargos por impago deben limitarse a compensar los costes
causados y solo se autorizarán cuando los Estados miembros establezcan techos a
los mismos"
Siete
días de reflexión
De
acuerdo con el texto adoptado por el Parlamento europeo, el consumidor
dispondrá de un periodo obligatorio de reflexión de siete días antes de firmar un contrato
hipotecario, o bien del mismo periodo de siete días para retractarse
tras la firma, según lo decida cada país.
Antes
de firmar cualquier contrato, el consumidor tendrá que recibir, en papel o en
formato electrónico, información general clara y comprensible sobre los
contratos de crédito para conocer el coste total y las consecuencias
financieras a largo plazo.
Igualmente,
los bancos o intermediarios tendrán que ofrecer al consumidor información
personalizada para comparar los créditos disponibles en el mercado y tomar una
decisión fundada sobre la conveniencia de suscribir la hipoteca.
Demoras
y desahucios
La
ley exigirá una tolerancia razonable antes de proceder a las ejecuciones,
limitará los cargos por impago, impedirá a los Estados miembros oponerse a la
dación en pago acordada entre las partes, impondrá el deber de buscar el mejor
precio por la venta de la propiedad en las ejecuciones y exigirá a los países
de la UE que faciliten el pago, protegiendo a los consumidores y evitando el
sobreendeudamiento a largo plazo.
No
a los préstamos irresponsables
Con
el objetivo de frenar los préstamos irresponsables, las entidades vendedoras de
hipotecas tendrán que ser autorizadas, registradas y supervisadas por las
autoridades nacionales para asegurarse de que cumplen requisitos profesionales
estrictos.
Por
otro lado, se reforzarán los
criterios de evaluación de la solvencia del comprador, con lo que
se busca frenar la concesión de hipotecas a personas que no puedan pagarlas.
Paquetes
financieros
La
legislación prohibirá a los prestamistas hacer ofertas de crédito condicionadas
a la compra de seguros y otros productos financieros de un proveedor
especificado. Esta prohibición de productos vinculados facilitará a los
consumidores el cambio de
proveedor. Por otra parte, productos como una póliza de seguro, si
se compran en otro lugar, tendrían que tener el mismo nivel de garantía exigido
por el prestamista.
Flexibilidad
para amortizar deuda
La
nueva legislación introducirá reglas de flexibilidad en el pago, como un derecho del prestatario para pagar el
préstamo antes de tiempo. La entidad bancaria tendrá, por su
parte, derecho a recibir una compensación justa por los costes de ese reembolso
anticipado, pero no podrá imponer multas adicionales para desincentivar esa amortización.
Otros
cambios
El
Parlamento Europeo ha conseguido introducir otros temas no cubiertos en la
propuesta inicial de la Comisión, como la imposición de condiciones estrictas
para los préstamos en moneda
extranjera (el consumidor tendrá que ser informado de que las
cantidades pendientes de pago podrían aumentar) y con tipos de interés variable
y la obligación de presentar una tasación independiente de la propiedad.
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